La
Fiscalía Suprema Contenciosa había solicitado los 18 meses de prisión
preventiva para estos cinco magistrados que están acusados de emitir
resoluciones que favorecieron a la mencionada organización criminal en el 2013.
El
juez supremo valoró ese pedido y la Sala argumentó que "se encontraron
graves elementos de convicción que vincularían a estos jueces con otros
evasivos a la justicia y posible riesgo de fuga".
Asimismo,
se ha formalizado a los jueces una investigación preparatoria por los delitos
de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias y encubrimiento
personal.
El
fiscal Iván Quispe sostuvo en la audiencia que hay suficientes elementos de
convicción que vinculan a los magistrados con las actividades delictivas de la
red de Rodolfo Orellana.
Quispe
dijo que Boza, quien está acusado de nombrar jueces para resolver procesos de
amparos y hábeas corpus tramitados por la red de Rodolfo Orellana, usó en mayo
del 2013 un pasaje aéreo
Lima-Pucallpa-Lima comprado por Orellana Grupo Inmobiliario Sac.
Agregó
que su hijo Franco Boza Northcote laboró como practicante de la citada empresa.
Además,
Quispe señaló que un reporte de llamadas
telefónicas confirmó que Boza y los otros procesados tuvieron comunicación con
Orellana y sus abogados varias veces.
En
la audiencia efectuada en Palacio de Justicia solo estuvo presente Boza. El
procesado Jorge Reátegui Pisco participó, vía video conferencia, desde la Corte
de Ucayali. Los demás acusados no asistieron.
FUENTE: EL COMERCIO
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