Pocos medios le han dado
la cobertura necesaria y a la altura a los grandes problemas que se vive en
Curimaná. Frente a ello, la aparición del artículo de Diana Seminario,
publicado en el Comercio, es como un intento de reivindicación al papel de la
prensa y de la gente que se dedica a informar. Con cuyo artículo estamos
totalmente de acuerdo y recomendamos leer y compartir.
La política suele ser
monotemática y cíclica, por eso no llama la atención que el debate siga
centrado en la elección por parte del Congreso de tres miembros del directorio
del BCR, las públicas discrepancias en la bancada oficialista, las idas y
venidas de las declaraciones del presidente Kuczynski y el apoyo descarado del
Frente Amplio a un emerretista.
Algunos celebran la
muerte civil para corruptos, otros no tanto. Jueces liberan a bandas de
criminales. Declarar la guerra contra todo tipo de corrupción es una condición
inevitable para considerarse un político que se respete.
En medio de todo esto,
una noticia pasa casi desapercibida. Fue destacada un día, pero no conmovió a
nadie, especialmente a aquellos que se autoproclaman adalides contra la
corrupción, demócratas por excelencia, la reserva moral del país.
El miércoles 2 de
noviembre, en Curimaná (Ucayali) murieron tres peruanos. Y no fue por la toma
de una carretera, o porque se oponían a una mina. No. La muerte de estos
ciudadanos fue consecuencia del enfrentamiento entre los seguidores del
defenestrado alcalde Loiber Rocha Pinedo y quienes se oponen a la decisión del
JNE de regresarlo a su puesto, luego de que el Poder Judicial cambió su
detención preventiva por comparecencia.
Rocha ha sido durante
ocho años alcalde del distrito de Curimaná, provincia de Padre Abad (Ucayali),
y tiene en su haber 34 denuncias, seis de ellas judicializadas. Entre los
supuestos delitos cometidos por este personaje, se cuentan la sobrevaloración
de maquinaria por dos millones de soles (por lo que fue detenido y liberado) y,
el último, el desfalco por ocho millones de soles.
Es un tipo con suerte. El
16 de setiembre, el Tercer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la
Corte Superior de Ucayali le cambió la detención por comparecencia, y el 28 de
octubre, el JNE le devolvió sus credenciales como alcalde, lo que originó que
el domingo 30 de octubre los ciudadanos de Curimaná iniciaran un paro de 72
horas en protesta por la medida. El miércoles 2 llegó la tragedia.
Curimaná recibe 500 mil soles
al mes de canon, pues en su jurisdicción opera la planta de procesamiento de
gas natural de la empresa Duke Energy. Pese a este ingreso, es uno de los
lugares con los más altos índices de desnutrición, analfabetismo y carece de
servicios de saneamiento básico. Esto es un crimen.
Curimaná encierra los
problemas más graves de nuestro país, pero nadie quiere verlo: corrupción, un
Poder Judicial que se hace de la vista gorda y un pueblo que sufre la
indolencia de todo un país. Se habla de ‘tolerancia cero’ con la corrupción,
pero ni una palabra de las pillerías de Rocha.
Ante la falta de un
sistema donde se castigue efectivamente a las malas autoridades, los habitantes
de Curimaná le han hecho frente a esto hartos de que les roben su futuro, la
salud de sus hijos, su progreso. Y han terminado muertos.
Pero esto no ocurrió en
Lima, los policías no fueron los que dispararon contra la gente de Curimaná.
Parece que esto no le interesa a nadie. ¿Hay algo más importante que la muerte
de tres compatriotas por nuestra propia desidia?
Escribe Diana Seminario de el Comercio
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