Con
el titular “Curimaná Papers” el diario La República hoy publicó una amplia
información con respecto a lo que viene sucediendo en este distrito (Curimaná),
la inestabilidad, desconcierto, el caos y olvido en el que se encuentra. Todo
esto causado por su propio alcalde, para
quien la fiscalía ha solicitado sanción; pero algunos jueces de cloaca continúan
dándole gracias y permisos, evitando su prisión y paga de su picardía.
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La República.
Curimaná
es un distrito de Pucallpa, en la provincia de Padre Abad, a unos cien
kilómetros de la capital del departamento. Solo tiene diez mil habitantes y la
ausencia de servicios de educación, salud y vivienda es clamorosa. Hace seis
años, durante la segunda gestión del actual alcalde Loiber Rocha –tres veces
reelecto–, la municipalidad distrital empleó dos millones de soles para comprar
maquinarias que hicieran el mantenimiento de los caminos que enlazan al
distrito con otros veinticuatro pueblos y caseríos. Estaban y continúan en muy
mal estado. Pero pasaba el tiempo, los caminos seguían intransitables y el
equipo adquirido no salía a trabajar. Un fin de semana, dirigentes vecinales
entraron al almacén donde estaba la maquinaria. Comprobaron que era usada; peor
aún, obsoleta. Así comenzó la lucha de la población contra el alcalde.
–Yo,
de conducir pacíficamente mis tierras, tuve que convertirme en un opositor
–dice Elí Santillán, presidente del Frente de Defensa de los Intereses de
Curimaná. Es un agricultor de 52 años que fiscaliza a Rocha casi tanto tiempo
como este ejerce el gobierno local. Fue elegido en el cargo en 2009.
Alcalde escondido
Las
denuncias contra autoridades locales por obras mal hechas o compras dolosas son
moneda corriente en el país. ¿Una autoridad objetada por dos millones de soles?
El caso de Curimaná no tendría por qué ser llamativo. Pero los elementos del
caso bordean lo insólito y el caldo de cultivo de la violencia está hirviendo.
Un primer aspecto a considerar es la sinuosa ruta que tomó el procesamiento de
Loiber Rocha.
En
diciembre del 2014 la jueza Clavelito Cuhelo decidió dictar prisión preventiva
del alcalde ante el riesgo de que pudiera manipular las pruebas si continuaba
en el cargo. La medida no significaba culpabilidad: buscaba preservar evidencias
y controlar un riesgo de fuga. El alcalde se escondió. Fue capturado en febrero
del 2015, pero el 28 de abril otro juez, Valentín Inocente, dispuso que
continúe su proceso en libertad. Desde entonces continuó una intrincada batalla
legal entre el juez Inocente y la fiscalía, mientras el pueblo quedaba en el
desgobierno.
El juez no inocente
El
23 de junio, la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Ucayali le
enmendó la plana al juez Inocente, disponiendo que Rocha volviera a prisión. El
alcalde regresó a la clandestinidad, pero su defensa viajó hasta Áncash. Allí
presentó una acción de hábeas corpus en un juzgado de Huari, que encontró
vulneración de sus derechos constitucionales. La Sala Penal de Ucayali, dijo,
no había argumentado adecuadamente su resolución. Así, hacia noviembre del
2015, Rocha contaba con una orden de suspensión de su prisión preventiva. Aún
no era una victoria porque el juez de Huari dijo que otros magistrados de
Ucayali debían resolver el fondo del asunto; es decir, si se justificaba
privarlo de la libertad mientras era investigado. Cuando el expediente fue
visto por un nuevo colegiado, Rocha perdió. Los jueces votaron por el
encarcelamiento.
Pero
en el ínterin, el juez Valentín Inocente sacó una carta de la manga. Declaró
sobreseído el caso porque se había excedido el tiempo legal de investigación.
En tanto la fiscalía hacía un nuevo escrito para apelar –el plazo estaba
vigente–, Rocha reingresó a la municipalidad con un violento grupo de
simpatizantes y comenzó a gobernar al margen de sus concejales.
Prófugo otra vez
Finalmente
la Corte Superior de Ucayali le dio la razón a la fiscalía y dispuso el fin de
toda discusión: no había mérito para el sobreseimiento y la investigación debía
seguir con el alcalde Rocha detenido. Lo ordenó así al juzgado. Inocente, como
juez de la causa, debía ejecutar la decisión. Pero a Inocente no le entraban
balas. Sacó una resolución disponiendo que Rocha continuara en libertad.
–Yo
quisiera emplear el caso de Curimaná como una tesis de posgrado –dice el
abogado Guillermo Lobo, quien asesoró a regidores de la municipalidad en 2015–:
cómo un juez se zurra en la ley y en instancias superiores, mantiene a un
pueblo en vilo y no pasa nada.
Pero
algo pasó. Inocente se había pasado de culpable. Cuando tomó nota de su
resolución, la Corte Superior de Ucayali lo sacó del caso y lo puso a
disposición del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Esto ocurrió el
último 6 de mayo. La Sala de Apelaciones dijo que el juez había desacatado
órdenes superiores, violando el debido proceso y haciendo evidente que tenía un
criterio formado sobre el caso “puesto que ha venido de un modo u otro
favoreciendo al encausado Loiber Rocha”. El alcalde está prófugo por enésima
vez.
Local tomado
Así
pues, el juez Inocente dejó de ser un problema, aunque esto corresponde a una
parte de la historia. La otra parte es lo que ocurrió en Curimaná. Cuando
volvió Rocha a tomar posesión del municipio, en noviembre del 2015, lo hizo
para hacer más compras sin el consentimiento de los regidores. Son solo cinco,
y cuatro de ellos están en la oposición, encabezados por Delsy Vera, primera
regidora y llamada a reemplazarlo. Ellos, apoyados por el Frente de Defensa que
preside Eli Santillán, procuraron producir un reemplazo pacífico de Rocha
mientras duraran las investigaciones. No fue posible.
Cuando
el alcalde estaba clandestino, los regidores tenían la resistencia del cuerpo
administrativo controlado por el prófugo. Y cuando este volvió gracias al juez
Inocente, eran impedidos de entrar al municipio. Y cuando lo hacían, para las
reuniones del Concejo Distrital, eran objeto de agresiones y ataques violentos,
al punto que ya no quisieron acudir sin protección policial. Ahora mismo, pese
a que Rocha está con orden de detención y no habido, no pueden celebrar
reuniones en el municipio: el 10 de mayo un grupo de partidarios del alcalde
tomó el local y hasta ahora impide las funciones de gobierno.
Distrito a la deriva
Curimaná
está a la deriva. El JNE aún no entrega credenciales a Delsy Vera. La policía
no restablece el orden. Los candidatos no han ido por allí –Keiko Fujimori y
Verónika Mendoza, en ese orden, obtuvieron las preferencias electorales en la
primera vuelta– y los dirigentes del distrito vienen continuamente a Lima para
tratar de llamar la atención de las autoridades. Al JNE para que entregue
credenciales a la sucesora. El CNM para que destituya al juez Inocente. Al
Congreso para que mueva a la policía. A la Comisión Anticorrupción para que
tome en cuenta que su alcalde ya tiene 34 denuncias, seis de ellas
judicializadas. La Defensoría del Pueblo considera la situación de Curimaná
como uno de los 32 conflictos “en observación” a escala nacional. Indica que en
cualquier momento puede pasar al estado activo. A veces pasar al “estado
activo” significa una tragedia.
FUENTE: LA REPÚBLICA
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