Luego
de la presentación en la reunión de la directiva del FREDEU y posteriormente
difundido por las redes sociales, un audio revelador del presunto tráfico de
tierras en Ucayali por el director de agricultura, Isaac Huamán, en contubernio
con el gobernador, Manuel Gambini Rupay, Isaac Huamán, con carta notarial, exige
a Abel Vásquez corregirse de calumnias; pero Abel le responde en el acto exigiendo
evitar la intimidación y coacción con cartas notariales.
Isaac Huamán argumenta que se siente agraviado por
Abel Vásquez y otros de su organización en
reuniones y por los medios de comunicación. Asimismo, indica que Abel induciría
a la población a que le insulten y todo lo que se revela en el audio sería
falso y de desprecio a la verdad.
Manifiesta
que le está causando daño moral de incalculable dimensión. En diferentes
párrafos de la misiva reitera que se le está dañando a su reputación y que las
acusaciones son falsas.
Finaliza
la carta de Isaac Huamán fijando un plazo de 24 horas para que Abel se
rectifique de sus acusaciones y presuntas calumnias. Del mismo modo, asumir las
consecuencias de las denuncias penales y reparaciones.
No
obstante, Abel sin pestañar un segundo, responde con la contundencia del caso y
le dice que los audios son las declaraciones de su mismo hombre de confianza
del GOREU, el director de la Dirección de Saneamiento Físico Legal, Ing. Jaime
Olsen Montalvan Torrejón. Quien declara que Isaac Huamán solicitó 4 parcelas de
tierra a su nombre y 10 parcelas para Manuel Gambini Rupay. Cada parcela constaría de 50 hectáreas.
Asimismo,
dichas declaraciones lo habría hecho de manera libre y espontánea. En ese
sentido, expresamente se niega Abel en corregirse, ya que en ningún momento habría incurrido en calumnia porque
quien declara es su mismo subordinado de Isaac dentro del gobierno regional.
Finalizando
la carta de Abel con una exhortación a Isaac Huamán para que evite los actos de
coacción e intimidación con cartas notariales. Le recuerda que continuarán
haciendo las denuncias y cuestionamientos en calidad de representantes de la
sociedad civil por dos motivos fundamentales: ellos son funcionarios públicos y
la existencia de los indicios de la presunta comisión de los delitos de
corrupción y colusión.
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