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miércoles, 23 de marzo de 2016

CAMPODÓNICO CONFIRMA QUE HAY UN 30 % DE DIFERENCIA ENTRE LA TARÍFA ELÉCTRICA DE LIMA CON UCAYALI

Humberto Campodónico, en un artículo publicado en el Diario la República, hace el  análisis con respecto a  los factores que explican la tarifa eléctrica en la región Ucayali y confirma la diferencia de hasta 30 % con respecto a la tarifa de la capital. En tal sentido, la rebaja de la tarifa eléctrica anunciada por la Ministra de Energía y Minas con la modificación de la ley para una tarifa plana nacional, tomando como referente a Lima, será un hecho, gracias a la lucha del pueblo organizado del Ucayali. Habiendo la provincia de Padre Abad demostrado una vez más contundencia en esta gran gesta.  

Asimismo, responsabiliza a los dueños del gas de Aguaytía para que no se de el desarrollo esperado en la región usando este recurso.

Lee todo el artículo de Campodónico:

Desde el 9 de marzo, Ucayali estaba en paro general en protesta contra el alza de las tarifas eléctricas, agua potable y la ausencia de un programa de masificación del gas natural, entre otras reivindicaciones. Las autoridades acordaron levantar su medida de lucha el sábado 19 y hoy se realizará en Pucallpa una mesa de diálogo con la presencia de varios ministros.

La principal protesta ha sido el alza de las tarifas eléctricas. Veamos por qué. En enero del 2013, el cargo por kilowatio/hora en Ucayali para consumidores en exceso de 30 y menos de 100 kilowatios/hora (el consumo de un hogar “normal”) estaba en 40 céntimos, según Osinergmin. Ese mismo cargo, en marzo de 2016, está en 60.3 céntimos, o sea 50% más que hace 3 años. En Lima, en marzo del 2016, el cargo es de 46.6 céntimos, lo que quiere decir que el cargo en Ucayali (60 céntimos) es 30% superior al de Lima. 

¿Por qué son tan grandes las alzas? En el caso de Ucayali, tenemos que hay una oferta insuficiente, que recién se va a paliar con la construcción de una planta de reserva fría en la zona de 45 MW. Y, también, la compra de energía proveniente de centrales térmicas, más caras. Pero las razones de fondo son otras y conciernen al Perú en conjunto.

Dice el BCR que las alzas se deben, en gran medida (cerca del 50%), se deben a la devaluación de la moneda nacional, porque los contratos están dolarizados pues así lo establece la Ley 25844 de 1992. La cuestión es que, hoy, la situación no es la de hace 24 años. Es por eso que el Plan de Gobierno del Frente Amplio plantea la renegociación de esos contratos para “liberarlos” de la devaluación, allí donde ésta no influya en los costos de producción.

La protesta ucayalina es más entendible cuando vemos el poder adquisitivo. Según la Encuesta de Hogares del INEI (2014), el gasto per cápita mensual promedio en Lima fue S/. 816/mes. Pero en Ucayali fue de S/. 512/mes, 40% menos. Es lógico entonces que en Ucayali la gente “sienta” más el alza de la tarifa: ésta es 30% más cara que en Lima, a lo que se agrega que su capacidad de gasto es 40% menor.

Este problema, que algunos llamarían coyuntural, en verdad está revelando fisuras estructurales. En un trabajo del 2012, Enrique Vásquez, de la Universidad del Pacífico, dice que si se considera el enfoque multidimensional de la pobreza (EMP) –en lugar del enfoque monetario que actualmente se utiliza– entonces, al 2012, hay 3.6 millones de pobres adicionales. Así, la tasa de pobreza no habría sido de 27.8% sino 39.8%(1). No es una bicoca.

En Ucayali la pobreza monetaria del INEI en el 2012 fue 13.5%, pero el EMP fue de 42%, por lo cual la pobreza debía reajustarse “para arriba” en 28%. No solo eso: Ucayali lidera el ranking de los pobres no visibles con el 29%. ¿Hay o no razones para la protesta en Ucayali? Agreguemos que, en Pucallpa, el índice de empleo urbano ha bajado de 100 a 89 desde diciembre del 2011 hasta hoy.
Otro conflicto central es la ausencia de un plan de masificación del gas natural en la región, a pesar de que existe producción de gas a cargo de Aguaytía Duke Energy. Aquí el problema sería, una vez más, que eso no interesa a los dueños de la molécula. Según Pedro López Mathews, director regional de Energía y Minas de Ucayali, “la población que desde hace 15 años, la empresa Aguaytia Energy siempre ha negado toda posibilidad de desarrollo del gas natural a Ucayali. Por eso nunca se pudieron poner de acuerdo con Electro Ucayali” (2).

En efecto, existe una tubería de gas de más de 150 km que llega hasta la puerta de la central térmica de Electro Ucayali, en Yarinacocha. Pero ya van muchos años y no hay acuerdo de abastecimiento. De Ripley. Dice el Gobierno Regional: “Ese es el punto de derivación y conexión para brindar gas natural a Pucallpa, Campo Verde, Aguaytía y Curimaná, lo que abarataría costos en la canasta familiar a 450,000 habitantes”.

Como hemos dicho antes, la propiedad de la molécula es la clave para un plan de masificación de gas, distinto a la colcha de retazos que hoy tenemos, justamente porque en cada lugar hay que ir adecuándose a los planes y la rentabilidad del sector privado. Eso es lo que debe terminar. La masificación tiene que ser una política de Estado, ya que es su deber aprovechar las fuentes de energía que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. Es lo que propone el Frente Amplio que lidera Verónika Mendoza.

El otro lado de esa misma moneda es que el crecimiento económico generado por el modelo primario exportador ha sido insuficiente para cerrar de verdad las brechas de pobreza, como lo demuestra el EMP. Para ello, es necesario no depender de las materias primas y de la volatilidad de sus precios, apuntando a la  diversificación productiva para la creación de empleos.

Para terminar, esperemos que la Mesa de Diálogo que se reúne hoy en Pucallpa logre satisfacer las expectativas del pueblo pucallpino y de todo Ucayali. Pero la verdad, la verdad, no está nada fácil.

(1) Actualmente sólo se evalúa el nivel de gasto de las familias en un período de tiempo y se compara con una línea de pobreza. Pero el enfoque de la pobreza multidimensional está basada en un índice generado a partir de 9 componentes que se relacionan con la salud, la educación y las condiciones de vida de la población. Estos buscan reflejar las privaciones a las que se encuentran sometidos los individuos tanto en el corto como en el largo plazo.
Ver: El Perú de los pobres no visibles para el Estado, CIUP, Julio 2012.


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