Los dirigentes del Sindicato de
los maestros de la Provincia de Padre Abad, al enterarse que una comisión del gobierno regional viene
para constatar las denuncias de irregularidades en la UGEL de Padre Abad
realizadas anteriormente, indican que no sea un saludo a la bandera esta tarea.
Son varias las denuncias y quejas
presentadas contra la gestión de la Ugel de Padre Abad, siendo los de mayor peso,
aprovechamiento del cargo del director, Eddy Ramón Sipión Cajusol, para
favorecer a sus amigos, pagos irregulares y encubrimiento de irregularidades de la gestión pasada.
Contraviniendo las normas,
trasladó a dos profesores para laborar dentro de la UGEL de padre Abad, con el
pretexto de necesidad de servicios. Se trata de los profesores, Delia Heine
Pererira Pérez y Raúl Santos Huasabi. Pereira está nombrada como profesora de
la IE Nº 64672 (Huacamayo), le trasladaron con memorándum para hacer el papel de
jefa de personal en la UGEL, un puesto ocupado por otro personal.
La justificación “por necesidad de
servicios”, cae en el vacío. Este tipo de destaques solo es posible cuando se
le traslada a un personal a un nuevo puesto vacante y con presupuesto, además debe ser al área pedagógico y no adm ( Reg. Ley de la Reforma Magisterial Art. 171.2. No procede el destaque de un profesor para
ocupar un cargo distinto al cargo de origen, ni para realizar
funciones administrativas). En el caso de Pereira, fue trasladada para hacer de jefa de personal de la UGEL, cargo
que le corresponde a otra persona. Además de eso, ha venido cobrando su sueldo,
como si trabajara en la IE donde está nombrada. Comprobándose que existe falta
administrativa grave, además de eso, usurpación de funciones.
El caso de Santos Huasabi. El
director justifica su decisión de traslado, también porque lo necesita en la
UGEL por ser el único capacitado en el manejo del SIAGIE. No obstante, el
programa SIAGIE es uno de los más
comunes y de uso cotidiano de los maestros. Este docente está contratado en la
IE de Monte Alegre, cobra con como si trabajara en esa IE, pero
trabaja en la UGEL. La directiva del contrato de docentes es drástico: “Está prohibido destacar al profesor contratado para cumplir funciones distintas a aquellas para los que ha sido contratado”. Art. 5.5.14.
Este gobierno y esta gestión de la
UGEL son cómplices de las irregularidades de la gestión anterior, dado a que no
han denunciado ni castigado administrativamente a los ex funcionarios. El ex director de la UGEL, Mario Villalobos Panduro, se pagó 60 mil nuevo soles y pagó a su mujer, 24 mil nuevo soles. Estos pagos se hicieron con el conocimiento del tesorero y del director del área de Gestión Institucional, funcionarios que siguen en el cargo con el respaldo de este gobierno.
Estos montos pagados son derechos, pero no solo de ellos, sino de la mayoría de los trabajadores en educación, pero que estos, usando sus cargos y oportunistamente se hicieron reconocer la deuda mediante resolución y se pagaron. Configurándose ese accionar, un delito que merece ser sancionando drásticamente, no solo por pagarse solo ellos excluyendo a los otros trabajadores que tienen los mismos derechos, sino que esos montos pagados no habrían sido calculados correctamente, habiéndose cobrado mucho más de lo que les correspondía.
A todos lo descrito antes, se suman abuso de autoridad y proceso de contrato en programas de PELA vulnerando derechos de los participantes, los mismos que han presentado quejas y que no han sido respondidos ni resueltos como debe ser. Otros casos siguen proceso judicial.
Estos montos pagados son derechos, pero no solo de ellos, sino de la mayoría de los trabajadores en educación, pero que estos, usando sus cargos y oportunistamente se hicieron reconocer la deuda mediante resolución y se pagaron. Configurándose ese accionar, un delito que merece ser sancionando drásticamente, no solo por pagarse solo ellos excluyendo a los otros trabajadores que tienen los mismos derechos, sino que esos montos pagados no habrían sido calculados correctamente, habiéndose cobrado mucho más de lo que les correspondía.
A todos lo descrito antes, se suman abuso de autoridad y proceso de contrato en programas de PELA vulnerando derechos de los participantes, los mismos que han presentado quejas y que no han sido respondidos ni resueltos como debe ser. Otros casos siguen proceso judicial.
Escribe: Prof. Bilsán Salazar Uzuriaga
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