Los
tentáculos de la red de Rodolfo Orellana habrían llegado la Corte de Justicia de Ucayali. La organización obtuvo hábeas corpus y
recursos de amparo que anularon investigaciones y procesos en Lima.
Así,
la Fiscalía Suprema de Control Interno abrió, en agosto del 2014, una
investigación al entonces presidente de esa corte, Francisco Boza Olivari, el mismo que archivó caso del agua de Aguaytía, y a
otros cinco jueces de esa jurisdicción por los presuntos delitos de tráfico de
influencias, asociación ilícita y cohecho pasivo.
La
investigación ha recogido evidencias que comprometen a los investigados.
Un
grupo de fiscales designados por el titular de la Fiscalía Suprema de Control
Interno, Pedro Chávarry, voló a Ucayali para tomarles declaraciones a jueces de
esa corte. ¿El resultado? Regresaron con las maletas cargadas de información.
Según
fuentes del Ministerio Público, aquella comisión recogió testimonios que
señalan que Boza estaría vinculado a Rodolfo Orellana. Lo más grave es que, en
su condición de presidente de la corte, habría designado a jueces en tribunales
claves con el fin de que resolvieran las medidas cautelares que Orellana y su
red presentaban en la calurosa Ucayali.
Trascendió
que los jueces Julio Díaz Herbozo y Julio Barrera Zavaleta habían indicado que
recibieron presiones de Boza para actuar a favor de conocidos de este. Para
contrastar la versión de estos testigos, la Fiscalía Suprema de Control Interno
interrogó a Boza el 31 de marzo en Lima. El magistrado, quien alguna vez soñó
con ser cura, negó todas las imputaciones.
LOS
CASOS CUESTIONADOS
Jorge
Reátegui Pisco, quien fue colocado por Boza en el juzgado de Atalaya, declaró
fundado un hábeas corpus en diciembre del 2013 que excluyó a Rodolfo Orellana
de una investigación seguida en Lima por la Fiscalía contra el Crimen
Organizado. Otro juez, Wenceslao Portugal, designado en el Juzgado Mixto de
Campoverde por Boza, ordenó devolver un cargamento de oro de US$10 millones
inmovilizado por la Sunat.
El
oro estaba relacionado a Pedro Pérez, ‘Peter Ferrari’, preso en los años 90 por
lavado de activos vinculado al narcotráfico y hoy investigado por exportar oro
ilegal. Los abogados que ejecutaron en Lima la orden judicial fueron nada menos
que Benedicto Jiménez y Blanca Paredes,
abogados de Rodolfo Orellana.
FUENTE: EL COMERCIO
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