Nora
Miraval Gambini, fiscal suprema de Control Interno dispuso inicio de investigación preparatoria al Presidente de la Corte de Ucayali, Boza Olivari y cinco
jueces supernumerarios por presuntos delitos penales.
Estos
jueces supernumerarios son Jorge Antonio Reátegui Pisco, Wenceslao Portugal
Cerruche, Teresa Montalván Ruiz, Luis Palomino Morales y Christian Stein
Cárdenas, quienes han convertido la
Corte de Ucayali en el que se solucionaba los delitos de los delincuentes de
cuello y corbata.
Estos
sujetos habrían operado una red ilícita de magistrados del Poder Judicial que
impidió la investigación penal al prófugo Rodolfo Orellana Rengifo y habría
facilitado sus actividades ilícitas, a través de acciones de hábeas corpus,
amparos y medidas cautelares.
Con
la investigación preliminar se estableció que habrían cometido delitos de
asociación ilícita para delinquir, cohecho pasivo y tráfico de influencias a
favor de Orellana y contra la procuraduría anticorrupción y lavado de activos.
La
investigación se hizo gracias a los informes de los diarios nacionales, como La
República, la revista Caretas y un
Informe de la Unidad de Investigación y Anticorrupción de la OCMA, que vinculan
a Boza Olivari y un grupo de jueces con la red de Orellana.
En
la investigación se debe aclarar bajo qué argumentos se dio la acción de hábeas
corpus promovida por el abogado Tomás Torrejón Guevara a favor de Orellana
Rengifo que paralizó la investigación por lavado de activos que atendía en Lima
el fiscal contra el Crimen Organizado, Miguel Toyohama Arakaki.
Asimismo,
la acción de amparo y medida cautelar a favor de la empresa Minerales Rivero
contra la SUNAT que frustró el decomiso de un cargamento de oro valorizado en
más de 10 millones de dólares.
Además,
el hábeas corpus a favor del ex presidente de Alianza Lima Guillermo Isaac
Alarcón y el amparo para impedir que la revista Caretas informe sobre las
actividades de Orellana.
Según
las investigaciones de la OCMA, "Francisco Boza, en su actuación como
presidente de la Corte de Ucayali, demostró un interés directo respecto de los
cambios y reubicaciones de los jueces provisionales y supernumerarios, con la
finalidad de beneficiar a determinadas personas, propiciando con ello la
comisión de diversos actos irregulares".
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