Maderero en el poder.
Carlos Henderson Lima, del GR de Ucayali, es también representante legal de
Maderera Marañón SRL. Este año el Organismo Supervisor de Recursos Forestales
(Osinfor) decretó el cierre de sus 4 concesiones al comprobar el origen ilegal
de más de 4 mil metros cúbicos de madera.
El dirigente asháninka
Edwin Chota Valera fue asesinado antes de lograr la titulación de las tierras
de su comunidad nativa Alto Tamaya-Saweto y de 4 comunidades más de la misma
cuenca cuyos terrenos ancestrales fueron entregados en concesión por concurso
público en 2002 a diferentes madereras.
Desde entonces luchó
legalmente enviando decenas de oficios al Director Sectorial de Agricultura de
Ucayali, al entonces Inrena, a Cofopri e incluso a los diferentes ministros de
Agricultura que pasaron en 12 años por esta cartera.
La razón estaba y está
de su lado. La resolución directoral
083-2003 del Inrena reconoce los derechos preexistentes de las comunidades
indígenas y prevé la exclusión del área correspondiente a la comunidad de la
concesión forestal.
Sin embargo, el
Gobierno Regional de Ucayali siempre se negó.
Primero argumentando la falta de presupuesto para realizar la
demarcación territorial de la comunidad y después sosteniendo que Chota debía
llegar a un acuerdo con los titulares de las concesiones madereras (José Carlos
Estrada Hayta, de Ecofu SAC, y Ramiro Barrios Galván) superpuestas al
territorio de la comunidad ancestral (Ver infografía).
Este último argumento
es calificado como inverosímil por Fabiola Muñoz, jefa del Servicio Forestal y
de Fauna Silvestre (Serfor), quien considera que no existió ninguna razón para
que el gobierno regional negara la titulación a la comunidad de Saweto.
"No hay ninguna
norma que diga que para lograr el proceso de exclusión hay que llegar a un
acuerdo con los madereros", denuncia para después recordar que la propia
Dirección Regional de Agricultura de Ucayali recomendó la titulación de Saweto
el 1° de abril de 2013 tras realizar un estudio socioeconómico y poblacional de
la comunidad.
A pesar de esta
recomendación, la Dirección de Saneamiento Físico Legal del Gobierno Regional
volvió a negar en ese año la titulación a Saweto y no aplicó la ley.
¿Por qué? "Porque
en el Gobierno Regional de Ucayali mandan los madereros", responde Roberto
Guimaraes, dirigente de la Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y
Afluentes.(FECONAU).
LAS CONCESIONES DEL
VICEPRESIDENTE
Carlos Fernando
Henderson Lima, actual vicepresidente de la región Ucayali, es dueño del Grupo
Henderson. Su grupo está integrado por las empresas Henderson e Hijos,
dedicadas al alquiler de maquinaria forestal mecanizada, Transporte Fluvial La
Macarena y Maderera Marañón SRL.
La maderera es titular
del Contrato de Concesión para el Manejo
y Aprovechamiento Forestal con fines Maderables en las Unidades de
Aprovechamiento N° 294, 295, 296 y 297 (ver infografía). En total, tiene concesionadas alrededor de 28
mil hectáreas de bosques de producción permanente ubicados en el distrito de
Tahuanía, provincia de Atalaya.
El 23 de setiembre del
2013, Osinfor inició un Proceso Administrativo contra la maderera de Henderson
(Resolución Directoral 391-2013-Osinfor-DSCFFS).
Tras supervisar las
concesiones del vicepresidente regional, Osinfor concluyó que los 4,491,892
metros cúbicos de madera que la empresa había declarado haber extraído en su
Plan Operativo Anual (POA) 2011-2012 no provenían de sus concesiones.
Los inspectores de
Osinfor comprobaron in situ que los árboles presuntamente cortados seguían en
pie. Es decir, la madera habría sido blanqueada a través de Guías de Transporte
Forestal falsas y provendría de la tala ilegal.
Según la resolución de
Osinfor, Maderera Marañón "habría utilizado su Plan Operativo Anual y su
Guía de Transporte Forestal para dar apariencia de legalidad a los volúmenes de
madera".
Además, Osinfor también
comprobó que Henderson debía casi 34 mil dólares por el derecho de aprovechamiento
de sus concesiones.
La Resolución
Directoral N°242-2014, con fecha 22 de mayo, declaró la caducidad de las
concesiones del vicepresidente regional, canceló definitivamente sus Guías de
Transporte Forestal y le impuso una multa de 65,02 UIT (más de 247 mil soles)
al considerar que los más de 4 mil metros cúbicos de madera ilegal movilizada
causaron "un grave daño al ecosistema del bosque".
La maderera interpuso
un recurso de apelación ante Osinfor. Sin embargo, el 4 de agosto del 2014 este
organismo reiteró en una nueva resolución (R.D. 380-2014) las sanciones
principales a la empresa del vicepresidente regional. Esta resolución también
fue apelada por Henderson y se encuentra en trámite.
Paralelamente,
interpuso una acción de amparo en el Poder Judicial. Maderera Marañón SRL
demandó a Osinfor ante el Segundo Juzgado Civil de Pucallpa y logró la Acción
de Amparo (00572-2014-42-2402-JR-CI-01) con el visto bueno del juez Guillermo
Arturo López Menacho.
Hoy, según el propio
vicepresidente, sus concesiones están activas.
En resumen, un proceso
de fiscalización que supuso más de un año de esfuerzo a Osinfor quedaría
truncado por el Poder Judicial en tan solo unos días gracias a un recurso de
amparo.
"No es posible que
la autoridad nacional determine que hay una conducta ilegal, la denuncie, la
sancione y un juez levante la sanción en contra de la opinión técnica de las
autoridades forestales", declaró indignada Fabiola Muñoz, jefa del
Servicio Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), al conocer la acción de amparo
a favor de Maderera Marañón.
Fuente: LA REPÚBLICA
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