Christian Salas
Beteta, Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción, Abogado
Penalista: “Tenemos en la mira a Ucayali, Loreto, Ayacucho y Huánuco”
En entrevista que le hizo Patricia Hoyos S. del diario la República el procurador manifiesta que 19 presidentes están con récord de denuncias por corrupción, uno de los que encabeza la lista, Jorge Velásquez Portocarrero.
La suerte más probable de Portocarrero es ser investigado y juzgado de tras de la rejas, como su homólogo César Álvarez, presidente de la región de Ancash.
Lee toda la entrevista:
Las denuncias de corrupción en regiones no dejan de
llegar a su despacho, afirma el procurador anticorrupción Christian Salas.
Refiere que gracias a una exhaustiva investigación han establecido un mapa de
corrupción, en donde han identificado a otros cuatro gobiernos regionales que
revelan fuertes indicios de posibles delitos.
De 25 presidentes regionales, 19 afrontan un
total de 158 denuncias de corrupción. ¿Cómo se explica tan alarmante
cifra?
Este es el resultado de la ausencia de control de
parte de las entidades encargadas de ello, y segundo, la altísima probabilidad
de que el propio cargo les da para cometer el delito.
Cuando afirma que existe una
ausencia de control, ¿se refiere a que la Contraloría y Procuraduría no están
desempeñando sus labores en las regiones?
Cada entidad tiene Órganos de Control Institucional
(OCI), es labor de estas oficinas fiscalizar. Las propias procuradurías
deberían asumir ese rol. Lamentablemente estamos observando que muchas veces
esas procuradurías regionales, provinciales y municipales sirven de abogados
para encubrir al funcionario que incurre en diversos delitos o que están siendo
investigados.
¿A cambio de qué?
Probablemente de una recompensa económica.
¿Cuáles son las acciones que ha
tomado al respecto?
La procuraduría estableció una reestructuración,
tuvimos que repotenciar nuestras procuradurías descentralizadas, se ha dotado
de equipos para que se puedan cubrir las mayorías de casos, lamentablemente no
se torna posible que se pueda dedicar el 100% de nuestro tiempo para investigar
estos casos.
Justamente menciona la
descentralización, ¿cree que a raíz de este proceso para independizar las
regiones del Gobierno Central se profundizaron los actos de corrupción?
Teníamos previamente (a la descentralización) un problema,
que era la concentración del poder y de la administración en la capital.
Precisamente, ello generó que la concentración de poder diera como resultado lo
que vimos en los años 90: una organización criminal enquistada en el Estado y
que dilapidó rápidamente las arcas del país.
¿Y ahora con la
descentralización, qué situación afrontamos?
Con el proceso de descentralización se agudizó otro
problema. Con la eliminación de la oficina de coordinación de los gobiernos
regionales en el segundo gobierno aprista, los poderes fueron distribuidos a
cada presidente regional, y por Ley se les dio una competencia amplia para
intervenir en sectores como educación, salud, y esto ha generado una
descentralización descontrolada.
¿Debería eliminarse la norma?
Debería ser revisada por las autoridades
competentes.
Según las investigaciones que
viene realizando, ¿cuál es el modus operandi de las autoridades políticas?
En algunas regiones se han identificado organizaciones
criminales, pero entre los delitos más frecuentes figuran el peculado,
malversación y colusión. Ello ha permitido identificar que la misma posición,
el cargo que tienen determinados funcionarios públicos, les permite realizar
estos delitos.
Además de Áncash, Cajamarca y
Tumbes, ¿en qué otras regiones ha encontrado fuertes indicios de corrupción?
Después de semanas de investigación ya tenemos un mapa
de corrupción de gobiernos regionales, hemos identificado como puntos rojos las
principales regiones que tienen alarmantes indicios de corrupción, justamente la
edición de hoy (de La República) refleja algunos de ellos.
¿A qué otras regiones se están
refiriendo?
Además de los grandes casos que están en agenda,
tenemos en la mira a los gobiernos regionales de Loreto, Ucayali, Ayacucho y
Huánuco. Estos se encuentran entre los principales. Para este año, tenemos un
plan de intervención en diversas zonas del país.
¿A cuánto ascendería el dinero
perdido en corrupción en los gobiernos regionales?
Es incalculable debido a que la afectación o el daño
al patrimonio del Estado, a cada gobierno regional, no solo implica el dinero
del que se apropió el funcionario sino el perjuicio que generó la obra mal
hecha, los bienes que no se pudieron comprar, entre otros.
Un aproximado...
En realidad no tengo cifra, pero lo que sí puedo
afirmar es que, en el 2013, hemos recaudado 592 mil 169 soles de reparaciones
por actos de corrupción en provincias.
Finalmente, ¿está de acuerdo con
la infiltración de policías encubiertos en los gobiernos regionales?
Es una medida útil. Es atribución de la propia
policía, pero esta medida no debería anunciarse si justamente se quiere dotar
de eficacia a esos agentes encubiertos.
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